Por qué escribe usted Alá y no Dios como sería correcto en castellano? Fue la pregunta que me dirigió hace años un traductor. La respuesta era fácil y tiene sentido insistir en ella. Aun cuando tanto Alá como el Dios cristiano o el Yavé judaico sean deidades únicas, y exista un innegable vínculo entre ellas, la personalidad, los atributos, la significación para el creyente, en una palabra el contenido religioso, no es el mismo. El Dios cristiano es heredero de Yavé, como en gran medida lo es Alá. Pero no existe identidad entre los tres. Para empezar, desde que tardíamente es formulado el dogma, el primero responde a una compleja articulación trinitaria, inexistente en el dios del Antiguo Testamento, incluso luego diferenciada entre el cristianismo occidental y el oriental, mientras Alá, según explica Patricia Crone, procede de un dios tribal en un marco politeísta, del cual es extraído para asumir la posición excepcional propia de su antecesor judío. Ahora bien, el enlace es tan evidente que en la revelación coránica, cuyo emisor es Alá, se insertan pasajes y pasajes literalmente tomados del Pentateuco, y en particular la historia de Moisés, el gran precursor. Y esto no debe extrañar porque la profesión de fe (shahâda) tiene mucho que ver con otra profesión de fe anterior en un dios único, la de la secta samaritana: "No hay más dios que Uno y Moisés es su profeta".
Las religiones tienden a cerrarse frente al exterior. Y sus propagandistas a crear cortinas de humo: hay la misma violencia en el Corán que en los Evangelios, nos engaña en este diario Tariq Ramadan. Es lógico: la validez del mensaje divino no debe verse afectado, piensa el creyente, por las opiniones humanas. Benedicto XVI, fiel a su vocación de combatiente por el monopolio eclesiástico del dogma, ha formulado ya la advertencia: el análisis racionalista vale como complemento; por si solo lleva a la catástrofe. También en el Islam, a pesar de venir de lejos los planteamientos que proponen un examen crítico que diferencie los distintos niveles del discurso coránico, subrayado incluso por integristas como Ibn Taymiyya, prevalece la actitud de fortaleza sitiada. Dios es el que es, y el contenido de su mensaje es inmutable. "¡Palabra de Dios!", clamaba no hace mucho un portavoz del nuevo catolicismo ultra: "¡Te adoramos, Señor!", deberá ser la respuesta unánime. No en vano, advierte Jan Assmann, el Dios uno del monoteísmo, versión mosaica, refleja en su condición de legislador todopoderoso la figura del monarca oriental, en concreto la del Faraón egipcio, contrafigura del poder divino tanto en la Biblia como en el Corán.
Lo explicó Jean Bottéro para el Dios bíblico: la personalidad divina es el resultado de un pro-
ceso histórico de elaboración, de una auténtica invención de Dios, cuyo conocimiento resulta imprescindible para la interpretación del mensaje religioso. Esto no significa pronunciarse acerca de la existencia o inexistencia de uno o varios dioses; sólo destaca que la percepción del creyente se limita al precipitado del God-building process. Y aun éste último dista de ser unívoco. Entre el Dios cristiano de las batallas de George Bush o del cardenal García Gasco y el de Hans Küng existen notables diferencias, y lo mismo sucede con el Dios musulmán de Shirin Ebadi o Mohamed Charfi, por una parte, y por otra el de Yusuf al-Qaradawi, el predicador de al-Yazira o Abdessalam Yassin, por no hablar de Ahmadinejad o al-Zawahiri. Tales variaciones pueden alcanzar enorme importancia. Pensemos en lo que representa respecto del Vaticano II y del propio Evangelio, a la postre desfigurado, la concepción autoritaria de extracción paulina que hoy pretende imponer a todos desde Roma Benedicto XVI.
Ante Dios, sus representantes en la tierra exigen silencio reverencial. La jerarquía eclesiástica tiene derecho a difundir "su magisterio", nos dicen los defensores del acto del día 30 de diciembre; luego cualquier crítica es ilícita. Nadie exterior entre en nuestro recinto sagrado, claman los voceros del islamismo. Ellos en cambio sí interfieren en la vida pública, y con toda dureza. El citado Tariq Ramadan entró a saco contra la democracia convertida en "politiquería" que impuso en Francia la ley del velo, García Gasco anuncia ahora la degeneración de la democracia y de los derechos humanos, por los divorcios-exprés o el aborto, Ratzinger quebranta las formas al denunciar en una audiencia la "degradación" de Roma ante su alcalde, el democrático Veltroni, asociando ese no al supuesto malgobierno con el "derecho a la vida". Y si la jerarquía cree no reunir fuerza suficiente, busca como aquí la ayuda en la movilización de masas aconsejada de una secta conocida por sus planteamientos apocalípticos, pintura detestable y gusto por el poder. Todo vale si la política democrática incomoda. Espíritu de Cruzada.
Asistimos, pues, a una inesperada convergencia de integrismos religiosos. Por fortuna, el católico no abriga propósitos de imponer un imperialismo bendecido por Dios, al modo de la concepción "evangélica" de Bush, y tampoco llama a la yihad, aun cuando sí busca la desestabilización de los regímenes de democracia laica que no atienden a sus exigencias de restricción de la libertad. Pero es que, claro, ya lo dijo el Papa, hay que partir de que "el poderoso (el diablo) tiene prisionero al hombre". Curiosamente, al argumentar como hace en su última encíclica Spe salvi, sus observaciones pueden seguir otra línea, así al marcar los límites del progreso, e invocar la necesidad del amor, incluido el mundano, que en su relato se sostiene no sobre la institución sino sobre la entrega incondicionada: "homo absoluto indiget amore". Por un momento, parece que estamos cerca del All you need is love! Benedicto XVI es un reaccionario inteligente, no un integrista como sus corifeos que aquí nos han tocado. Pero el resultado final es el mismo: sin la subordinación radical a Dios, y a la Iglesia que es su representante en la tierra, el hombre se pierde, lo mismo que el siervo de Alá si intenta pensar la justicia y la condición humana por cuenta propia. Sólo queda en pie "la palabra de Dios".
La convergencia es peligrosa para todos. El principio de la soberanía de Dios, proclamado por Ratzinger e inspirado en el Antiguo Testamento, coincide con el mismo postulado en el islamismo. Para ambos, una concepción autónoma de la democracia, de la soberanía del hombre, no sometida a la religión, constituye un reto inaceptable contra la divinidad. La Iglesia, la umma, adquieren el derecho de ingerencia, más allá del círculo de los creyentes. En la visión islamista, toda pretensión de libertad individual pierde sentido ante la supremacía divina expresada en la máxima de "ordenar el bien y prohibir el mal"; cualquier creyente es instrumento de la represión contra quien vulnere la sharía.
El episodio de Barcelona nos muestra que tal actitud, fundida con la exigencia de combatir "la degeneración musulmana" inducida por Occidente, puede transformar en práctica terrorista el proselitismo pietista de un grupo como los tablighi . En su libro de cabecera, Faza'il-e-a'maal, la descripción de un mundo infernal justifica la acción disciplinada de los verdaderos creyentes, con el objeto de presionar a todos para un estricto cumplimiento de la sharía. Desde esos fines comunes, el tránsito de un grupo de integristas tablighi a la yihad resulta perfectamente explicable.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/invencion/Dios/elpepiopi/20080125elpepiopi_4/Tes
La pompa - Rosa Montero
Verán, lo siento mucho, pero cada vez que oigo hablar de la Alianza de las Civilizaciones me entra la risa. Y no es que me parezca mal intentar fomentar el conocimiento entre los pueblos, e incluso es posible que las ideas manejadas sean buenas y útiles. Pero tengo un problema de terminología. Porque, como dice Savater, civilización no hay más que una. La cual, por cierto, está compuesta por aportaciones de todas las culturas: por la escritura inventada por los babilonios, por el número cero que concibieron los indios, por el álgebra desarrollada y bautizada (aljabr) por los árabes. De modo que no puede haber ni alianzas ni conflictos entre civilizaciones, sino entre culturas; y lo que se opone a la civilización es la barbarie.
Pero se ve que hablar de un pacto de culturas o algo así (la palabra alianza también es pretenciosa) les pareció que quedaba pobretón. Se ve que querían algo más rimbombante y de mayor tronío. Y desde luego el término escogido es mayestático y hace que todo adquiera un tono ampuloso. Como lo que dijo la vice De la Vega: "Las Civilizaciones no son cerradas ni rígidas, sino porosas y abiertas". ¿A que suena enorme? Para mí, que soy una amante de la ciencia-ficción, es como si me hablaran de la civilización selenita y la venusiana. Es un tono tan elevado que parece galáctico; da la sensación de que la vice va a añadir: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, brillar rayos C en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser", como el replicante de Blade Runner. Ya digo, puede que la iniciativa sea atinada, pero tanta pompa me pone de los nervios.
Como tengo la tonta manía de creer en las palabras veraces, dudo que podamos desarrollar la lenta y humilde tarea de conocer al otro si empezamos con estas grandilocuencias tan vacías.
http://www.elpais.com/articulo/ultima/pompa/elpepuopi/20080122elpepiult_1/Tes
Pero se ve que hablar de un pacto de culturas o algo así (la palabra alianza también es pretenciosa) les pareció que quedaba pobretón. Se ve que querían algo más rimbombante y de mayor tronío. Y desde luego el término escogido es mayestático y hace que todo adquiera un tono ampuloso. Como lo que dijo la vice De la Vega: "Las Civilizaciones no son cerradas ni rígidas, sino porosas y abiertas". ¿A que suena enorme? Para mí, que soy una amante de la ciencia-ficción, es como si me hablaran de la civilización selenita y la venusiana. Es un tono tan elevado que parece galáctico; da la sensación de que la vice va a añadir: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, brillar rayos C en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser", como el replicante de Blade Runner. Ya digo, puede que la iniciativa sea atinada, pero tanta pompa me pone de los nervios.
Como tengo la tonta manía de creer en las palabras veraces, dudo que podamos desarrollar la lenta y humilde tarea de conocer al otro si empezamos con estas grandilocuencias tan vacías.
http://www.elpais.com/articulo/ultima/pompa/elpepuopi/20080122elpepiult_1/Tes
El “decretazo” alternativo - Fernando Peregrín
A finales del mes de enero del 2007 saltó la noticia. Primero, en los medios de comunicación de carácter general; luego, en publicaciones médicas y revistas de salud. Por fin, se decía, tras varios años de negociaciones, el Govern de la Generalitat iba a aprobar un decreto del Departament de Salut para regular las terapias naturales en Cataluña. Y así, en efecto, sucedió. El 1 de febrero de 2007 apareció publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 31/2007 de 30 de enero del Departament de Salut por el cual se regulaban las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales.
Con tal motivo, el Servicio de Prensa de la Consejería que preside Marina Geli emitió varios comunicados en tono triunfal, en los que se destacaba que Cataluña había sido otra vez pionera y había regulado las terapias alternativas, cosa a la que, al parecer, no se había atrevido ningún gobierno u órgano legislativo del mundo occidental. Dicho así, muchos lectores creerán que el Govern se había mostrado progresista y muy moderno, arriesgándose a ser el primero en esta cuestión sobre la que tantos años se lleva debatiendo en la UE, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.
Nada se decía en esas notas de prensa sobre la poderosas razones por las que no se han atrevido a hacerlo aún países que llevan muchos años estudiando las llamadas medicinas alternativas y complementarias (MAC) como Estados Unidos, donde hay centros de investigación muy bien dotados para, ante todo, decidir si dichas prácticas médicas y terapéuticas son regulables. Los resultados de los ensayos clínicos y de todos los metaanálisis realizados hasta la fecha son elocuentes: primero, su eficacia no supera a la del placebo, y segundo, hay cada vez más dudas sobre la seguridad de muchas de estas medicinas y terapias alternativas y complementarias.
Razones oficiales
Las razones oficiales que se adujeron para este insólito acto legislativo de la Generalitat fueron de dos tipos principalmente. Uno, la intención política de ofrecer garantías a los usuarios de esas terapias y facilitar una coexistencia “oficial” de éstas con la medicina moderna convencional (o científica). El otro tipo de razones se basa en el consumo de esas terapias alternativas. Según la Generalitat, muchas personas recurren a esas terapias naturales, estimándose que un tercio de los catalanes las ha usado alguna vez y hasta un 67% de los enfermos crónicos recurre a ellas con regularidad.
Empero, no parecen ni lógicas ni poderosas esas razones, pues en cuanto a sus garantías lo primero que hay que tener muy claro es qué es lo que se va a garantizar y cómo esas garantías se relacionan más allá de toda duda razonable con la eficacia y la seguridad de las medicinas alternativas y complementarias que se regulan, cosa que, como ya se ha dicho, no ha sido posible establecer hasta la fecha por ninguna institución médica de prestigio, ni de Estados Unidos ni de la UE.
No tengamos cuidado en caer una y otra vez en la repetición: hasta la fecha, los esfuerzos de los países desarrollados —principalmente Estados Unidos y la UE— para hacer técnicamente regulables las medicinas alternativas y complementarias no han dado resultados afirmativos, y en el mejor de los casos las conclusiones ante tantas pruebas incuestionables de que su eficacia no supera la del placebo y que su seguridad deja, con más frecuencia de la que se piensa, mucho que desear están siendo que hay que esperar a saber más y entender mejor la metafísica y la filosofía de estas prácticas esotéricas, por lo que se requieren más fondos para hacer más estudios y ensayos clínicos antes de empezar siquiera a pensar que se trata de actividades profesionales sanitarias regulables.
Consumo y popularidad
Respecto a su consumo y popularidad, es fácil recurrir a la comparación jocosa habitual: ¿cuántas personas usan los “servicios” de astrólogos, pitonisas, futurólogos, cartománticos —vulgo, echadores de cartas— y demás farsantes? Seguramente, tantas o más que las que recurren a las medicinas y terapias habituales. Mas a ningún gobierno ni parlamento del mundo civilizado se le ha ocurrido regular esa actividad comercial que mueve millones de euros al año, la mayoría de las veces formando parte de la llamada economía sumergida o libre de impuestos.
¿Y cuáles son, por cierto, esas terapias alternativas que se regulan en Cataluña? Quizá, antes de dar la lista, conviene que nos detengamos a analizar el asombroso preámbulo, una orgía del más craso y ridículo relativismo cognitivo del más folclórico de los bazares de baratijas del multiculturalismo posmoderno. Dice así:
“La existencia de diversas maneras de entender la persona, el diagnóstico, la enfermedad y el tratamiento, relacionadas con la tradición de las diferentes culturas, condiciona los criterios o las opciones médicas y terapéuticas distintas. Estas diversas concepciones se encuentran tanto en la medicina oficial, convencional o alopática, como en el resto de los criterios denominados no convencionales, complementarios, alternativos, naturales u holísticos.”
Poco después, el preámbulo sigue de esta guisa:
“Los criterios en que se basan las terapias naturales parten de una base filosófica diferente a la que soporta la medicina convencional o alopática y aplican procesos diagnósticos y terapéuticos propios.”
Se encienden o se deberían encender aquí, todas las luces rojas de las alarmas sanitarias. El decreto no sólo intenta regular las terapias alternativas, sino sus métodos de diagnóstico propios. Lo cual es sin duda mucho más grave que regular terapias alternativas y complementarias una vez que el diagnóstico científico haya determinado la patología o patologías a tratar. Pues si en el caso de la terapia alternativa la comparación a la hora de establecer su eficacia se realiza con el placebo, en el caso de las supuestas técnicas y procedimientos de diagnóstico médico propios de esas terapias alternativas y complementarias la comparación es un riesgo innecesario para la salud, dada la escasa y más bien nula capacidad diagnóstica de estas terapias en la mayoría de las patologías graves, por no decir en todas.
Prosigue el texto oficial:
“En consecuencia [del creciente aumento de la demanda] hay cada vez más países [de la UE] que regulan esta nueva realidad a fin de garantizar las condiciones de práctica, de rigor, de responsabilidad y de defensa de la salud pública.”
Se trata de una verdad a medias, pues no se dice qué tipo de regulación existe en los países europeos que, más que regular, “toleran” algunas medicinas alternativas y complementarias.
Por otro lado, si bien es cierto que en algunos países de la UE —como Francia y, en parte, el Reino Unido— la homeopatía figura en el catálogo de prestaciones de la seguridad social, no lo es menos que se trata de una medida meramente política que en nada garantiza la eficacia de dicha medicina alternativa, mística y precientífica. Tanto es así, que las más importantes organizaciones profesionales y sociedades científicas médicas de Gran Bretaña, por ejemplo, están manifestando, cada vez con mayor fuerza, su crítica y rechazo a la oferta de homeopatía por parte de algunos sectores del Sistema Nacional de Salud (NHS). Asimismo, se observa un creciente rechazo de las medicinas alternativas en Francia por parte de expertos en biociencias y de los profesionales de la medicina convencional o científica1,2.
Ejemplo europeo
El preámbulo continúa exponiendo las actuaciones habidas en la UE en lo tocante a las medicinas alternativas. Así, por ejemplo, se informa de que entre 1994 y 1996 se abrieron dos líneas presupuestarias, muy modestas, por cierto, para impulsar la investigación científica vinculada a las medicinas alternativas. Pero no se dice nada del sonado fracaso de estas iniciativas. Quizá, por tanto, una de las incongruencias más chocantes de este preámbulo sea la de que se admite que, por ahora, poco o nada definitivo se sabe sobre la eficacia y seguridad de estas medicinas alternativas y que, por tanto, los esfuerzos en los distintos países de la UE se encaminan precisamente a saber antes que a regular, pues no se puede reglamentar lo que se desconoce.
Tras el preámbulo se nos da la lista de las terapias alternativas que se pretende regular. No tiene desperdicio: “naturopatía, naturopatía con criterios homeopáticos (sic), acupuntura, terapia tradicional china, kinesiología, osteopatía, shiatsu, reflexología podal, espinología, drenaje linfático, quiromasaje, diafrenoterapia y liberación holística del estrés con técnicas de kinesiología”. Curiosa lista. No tanto por las muchas patochadas de siempre que contiene, sino por la aparición en ella de terapias tan esotéricas y exquisitamente absurdas como la “naturopatía con criterios homeopáticos” o la “liberación holística del estrés con técnicas de kinesiología”, inventadas seguramente por algunos charlatanes tres semanas antes de que se aprobara este decreto, terapias que sólo se conocen y practican en muy reducidos cenáculos de iniciados.
Pero si, como ya hemos visto, estas terapias alternativas son imposibles de regular desde el punto de vista de la práctica médica, ya que no hay criterios válidos para ello, ¿qué se regula entonces? Pues casi todo: los requisitos estructurales, de equipamiento y de actividad que han de cumplir los establecimientos de terapias alternativas para su autorización y registro; el procedimiento de autorización de los establecimientos de práctica de terapias naturales; los requisitos del personal no sanitario para la aplicación de las terapias naturales; la formación (sic) y evaluación (sic) de los conocimientos y competencias de este personal; los requisitos de acreditación de los centros de formación de terapias naturales; la creación y regulación de diversos registros asociados al control de las autorizaciones y acreditaciones otorgadas de acuerdo con este decreto, y el régimen de control y sanciones en el ámbito de las terapias naturales.
Aquelarre de burocracia
Siendo grave el problema de que, por carecerse de normas validadas y criterios objetivos y aceptados en la comunidad médica y científica internacional, no hay forma ni de certificar ni de formar especialistas sin el recurso a las chapuzas y a la arbitrariedad —¿quién y cómo certifican a los certificadores?, ¿quién y cómo forman a los formadores y certifica que están capacitados para ello?—, es más grave el efecto que esos registros, autorizaciones oficiales y certificados reguladores van a tener en los usuarios. Pues el efecto social de toda esta seudoreglamentación será el dar burocráticamente por aceptable en Cataluña lo que ni los Ministerios de Sanidad de la UE ni los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, ni la comunidad científica internacional aceptan como buena práctica médica, es decir, la única posible por su eficacia y seguridad demostradas: la basada en la evidencia. En suma, se ha legalizado, en el mejor de los casos, la venta de placebo a precio de biotecnología de punta, y en el peor, el fraude sanitario más descarado y peligroso.
Con tal motivo, el Servicio de Prensa de la Consejería que preside Marina Geli emitió varios comunicados en tono triunfal, en los que se destacaba que Cataluña había sido otra vez pionera y había regulado las terapias alternativas, cosa a la que, al parecer, no se había atrevido ningún gobierno u órgano legislativo del mundo occidental. Dicho así, muchos lectores creerán que el Govern se había mostrado progresista y muy moderno, arriesgándose a ser el primero en esta cuestión sobre la que tantos años se lleva debatiendo en la UE, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.
Nada se decía en esas notas de prensa sobre la poderosas razones por las que no se han atrevido a hacerlo aún países que llevan muchos años estudiando las llamadas medicinas alternativas y complementarias (MAC) como Estados Unidos, donde hay centros de investigación muy bien dotados para, ante todo, decidir si dichas prácticas médicas y terapéuticas son regulables. Los resultados de los ensayos clínicos y de todos los metaanálisis realizados hasta la fecha son elocuentes: primero, su eficacia no supera a la del placebo, y segundo, hay cada vez más dudas sobre la seguridad de muchas de estas medicinas y terapias alternativas y complementarias.
Razones oficiales
Las razones oficiales que se adujeron para este insólito acto legislativo de la Generalitat fueron de dos tipos principalmente. Uno, la intención política de ofrecer garantías a los usuarios de esas terapias y facilitar una coexistencia “oficial” de éstas con la medicina moderna convencional (o científica). El otro tipo de razones se basa en el consumo de esas terapias alternativas. Según la Generalitat, muchas personas recurren a esas terapias naturales, estimándose que un tercio de los catalanes las ha usado alguna vez y hasta un 67% de los enfermos crónicos recurre a ellas con regularidad.
Empero, no parecen ni lógicas ni poderosas esas razones, pues en cuanto a sus garantías lo primero que hay que tener muy claro es qué es lo que se va a garantizar y cómo esas garantías se relacionan más allá de toda duda razonable con la eficacia y la seguridad de las medicinas alternativas y complementarias que se regulan, cosa que, como ya se ha dicho, no ha sido posible establecer hasta la fecha por ninguna institución médica de prestigio, ni de Estados Unidos ni de la UE.
No tengamos cuidado en caer una y otra vez en la repetición: hasta la fecha, los esfuerzos de los países desarrollados —principalmente Estados Unidos y la UE— para hacer técnicamente regulables las medicinas alternativas y complementarias no han dado resultados afirmativos, y en el mejor de los casos las conclusiones ante tantas pruebas incuestionables de que su eficacia no supera la del placebo y que su seguridad deja, con más frecuencia de la que se piensa, mucho que desear están siendo que hay que esperar a saber más y entender mejor la metafísica y la filosofía de estas prácticas esotéricas, por lo que se requieren más fondos para hacer más estudios y ensayos clínicos antes de empezar siquiera a pensar que se trata de actividades profesionales sanitarias regulables.
Consumo y popularidad
Respecto a su consumo y popularidad, es fácil recurrir a la comparación jocosa habitual: ¿cuántas personas usan los “servicios” de astrólogos, pitonisas, futurólogos, cartománticos —vulgo, echadores de cartas— y demás farsantes? Seguramente, tantas o más que las que recurren a las medicinas y terapias habituales. Mas a ningún gobierno ni parlamento del mundo civilizado se le ha ocurrido regular esa actividad comercial que mueve millones de euros al año, la mayoría de las veces formando parte de la llamada economía sumergida o libre de impuestos.
¿Y cuáles son, por cierto, esas terapias alternativas que se regulan en Cataluña? Quizá, antes de dar la lista, conviene que nos detengamos a analizar el asombroso preámbulo, una orgía del más craso y ridículo relativismo cognitivo del más folclórico de los bazares de baratijas del multiculturalismo posmoderno. Dice así:
“La existencia de diversas maneras de entender la persona, el diagnóstico, la enfermedad y el tratamiento, relacionadas con la tradición de las diferentes culturas, condiciona los criterios o las opciones médicas y terapéuticas distintas. Estas diversas concepciones se encuentran tanto en la medicina oficial, convencional o alopática, como en el resto de los criterios denominados no convencionales, complementarios, alternativos, naturales u holísticos.”
Poco después, el preámbulo sigue de esta guisa:
“Los criterios en que se basan las terapias naturales parten de una base filosófica diferente a la que soporta la medicina convencional o alopática y aplican procesos diagnósticos y terapéuticos propios.”
Se encienden o se deberían encender aquí, todas las luces rojas de las alarmas sanitarias. El decreto no sólo intenta regular las terapias alternativas, sino sus métodos de diagnóstico propios. Lo cual es sin duda mucho más grave que regular terapias alternativas y complementarias una vez que el diagnóstico científico haya determinado la patología o patologías a tratar. Pues si en el caso de la terapia alternativa la comparación a la hora de establecer su eficacia se realiza con el placebo, en el caso de las supuestas técnicas y procedimientos de diagnóstico médico propios de esas terapias alternativas y complementarias la comparación es un riesgo innecesario para la salud, dada la escasa y más bien nula capacidad diagnóstica de estas terapias en la mayoría de las patologías graves, por no decir en todas.
Prosigue el texto oficial:
“En consecuencia [del creciente aumento de la demanda] hay cada vez más países [de la UE] que regulan esta nueva realidad a fin de garantizar las condiciones de práctica, de rigor, de responsabilidad y de defensa de la salud pública.”
Se trata de una verdad a medias, pues no se dice qué tipo de regulación existe en los países europeos que, más que regular, “toleran” algunas medicinas alternativas y complementarias.
Por otro lado, si bien es cierto que en algunos países de la UE —como Francia y, en parte, el Reino Unido— la homeopatía figura en el catálogo de prestaciones de la seguridad social, no lo es menos que se trata de una medida meramente política que en nada garantiza la eficacia de dicha medicina alternativa, mística y precientífica. Tanto es así, que las más importantes organizaciones profesionales y sociedades científicas médicas de Gran Bretaña, por ejemplo, están manifestando, cada vez con mayor fuerza, su crítica y rechazo a la oferta de homeopatía por parte de algunos sectores del Sistema Nacional de Salud (NHS). Asimismo, se observa un creciente rechazo de las medicinas alternativas en Francia por parte de expertos en biociencias y de los profesionales de la medicina convencional o científica1,2.
Ejemplo europeo
El preámbulo continúa exponiendo las actuaciones habidas en la UE en lo tocante a las medicinas alternativas. Así, por ejemplo, se informa de que entre 1994 y 1996 se abrieron dos líneas presupuestarias, muy modestas, por cierto, para impulsar la investigación científica vinculada a las medicinas alternativas. Pero no se dice nada del sonado fracaso de estas iniciativas. Quizá, por tanto, una de las incongruencias más chocantes de este preámbulo sea la de que se admite que, por ahora, poco o nada definitivo se sabe sobre la eficacia y seguridad de estas medicinas alternativas y que, por tanto, los esfuerzos en los distintos países de la UE se encaminan precisamente a saber antes que a regular, pues no se puede reglamentar lo que se desconoce.
Tras el preámbulo se nos da la lista de las terapias alternativas que se pretende regular. No tiene desperdicio: “naturopatía, naturopatía con criterios homeopáticos (sic), acupuntura, terapia tradicional china, kinesiología, osteopatía, shiatsu, reflexología podal, espinología, drenaje linfático, quiromasaje, diafrenoterapia y liberación holística del estrés con técnicas de kinesiología”. Curiosa lista. No tanto por las muchas patochadas de siempre que contiene, sino por la aparición en ella de terapias tan esotéricas y exquisitamente absurdas como la “naturopatía con criterios homeopáticos” o la “liberación holística del estrés con técnicas de kinesiología”, inventadas seguramente por algunos charlatanes tres semanas antes de que se aprobara este decreto, terapias que sólo se conocen y practican en muy reducidos cenáculos de iniciados.
Pero si, como ya hemos visto, estas terapias alternativas son imposibles de regular desde el punto de vista de la práctica médica, ya que no hay criterios válidos para ello, ¿qué se regula entonces? Pues casi todo: los requisitos estructurales, de equipamiento y de actividad que han de cumplir los establecimientos de terapias alternativas para su autorización y registro; el procedimiento de autorización de los establecimientos de práctica de terapias naturales; los requisitos del personal no sanitario para la aplicación de las terapias naturales; la formación (sic) y evaluación (sic) de los conocimientos y competencias de este personal; los requisitos de acreditación de los centros de formación de terapias naturales; la creación y regulación de diversos registros asociados al control de las autorizaciones y acreditaciones otorgadas de acuerdo con este decreto, y el régimen de control y sanciones en el ámbito de las terapias naturales.
Aquelarre de burocracia
Siendo grave el problema de que, por carecerse de normas validadas y criterios objetivos y aceptados en la comunidad médica y científica internacional, no hay forma ni de certificar ni de formar especialistas sin el recurso a las chapuzas y a la arbitrariedad —¿quién y cómo certifican a los certificadores?, ¿quién y cómo forman a los formadores y certifica que están capacitados para ello?—, es más grave el efecto que esos registros, autorizaciones oficiales y certificados reguladores van a tener en los usuarios. Pues el efecto social de toda esta seudoreglamentación será el dar burocráticamente por aceptable en Cataluña lo que ni los Ministerios de Sanidad de la UE ni los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, ni la comunidad científica internacional aceptan como buena práctica médica, es decir, la única posible por su eficacia y seguridad demostradas: la basada en la evidencia. En suma, se ha legalizado, en el mejor de los casos, la venta de placebo a precio de biotecnología de punta, y en el peor, el fraude sanitario más descarado y peligroso.
Medicina y Religión - Gonzalo Casino
Las encuestas son de lo más socorrido: lo mismo sirven para remendar un roto literario que un descosido científico. Así que abriremos esta nueva sección poniendo a prueba el escepticismo del lector con los datos de una encuesta realizada en octubre de 1996 a 296 médicos de la American Academy of Family Physicians. En sus respuestas a la entrevista, un 99% de los médicos afirmaba estar convencido de que las creencias religiosas curan, mientras que el 75% creía que con las oraciones se puede ayudar a que un enfermo se recupere. ¿Sorprendente? Sin duda, aunque quizá lo sea todavía más el dato de que cerca de 30 facultades de medicina de Estados Unidos incluyen en su programa docente cursos de religión o de espiritualidad y salud. Y el fenómeno parece que va en auge.
Para contextualizar esta religiosidad del médico americano, hay que decir que está totalmente en sintonía con el sentir de la población general de Estados Unidos, el país que tiene más parroquias por habitante y mayor porcentaje de práctica religiosa del mundo (el 60% asiste semanalmente a los oficios y el 75% reza una o más veces al día). Como nos muestra otra reciente encuesta a 1000 adultos estadounidenses, el 79% cree que la fe puede ayudar a la gente a recuperarse de la enfermedad y el 63% opina que los médicos deben hablar con sus pacientes sobre cuestiones de fe. Pues bien, en este terreno tan religiosamente abonado, no es de extrañar que cada año se publiquen centenares de trabajos sobre la relación entre religión y salud (en MedLine hay recogidos más de 14.500 artículos con la entrada "religion", 600 de ellos en el último año). Muchos de estos artículos sugieren que existe una relación positiva entre religiosidad y salud, lo que aireado y voceado a los cuatro vientos por los medios de comunicación se traduce en el mensaje de que "la religión es buena para la salud". Hay incluso medios especializados en el tema: vean si no la versión electrónica de la revista Spirituality and Health, de cuya salud comercial nos da alguna pista el hecho de que la publique un ex editor del Harvard Business Review.
¿Pero qué hay de cierto sobre la supuesta relación entre salud y religión? A la luz de la evidencia médica, la que discrimina la verdad científica de las medias verdades, nada o casi nada. En la sección Viewpoint del número de mañana 20 de febrero de The Lancet se hace una interesante revisión de la evidencia empírica, además de discutir diversos aspectos éticos, en la que sus autores concluyen que "incluso en los mejores estudios, la evidencia de una asociación entre religión, espiritualidad y salud es débil e inconsistente". Richard P. Sloan y los demás autores (todos ellos de Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, en Nueva York) afirman que "muchos de los datos científicos que sustentan afirmaciones sobre salud y religión son más que cuestionables". En las varias docenas de trabajos con los que ilustran su revisión se identifican algunos defectos comunes, principalmente la realización del estudio con pocos sujetos y la falta de control de otros factores que pudieran influir en los resultados, como la edad, el estado general de salud y las conductas de salud. Otros estudios no aciertan a hacer los ajustes estadísticos apropiados o fallan a la hora de presentar los datos. Y, además, queda pendiente el problema de definir qué es eso de la religiosidad. Por todo ello los autores concluyen que "es prematuro promover la fe y la religión como tratamientos médicos complementarios", aunque reconocen que "a muchos las prácticas religiosas y espirituales les reconfortan en el trance de la enfermedad".
Pero es que, aun en el caso de que quedara demostrado que la salud se fortalece con la religiosidad, ¿tendrían los médicos que recetar oraciones, misas y otras prácticas religiosas a sus pacientes? Como argumentan Sloan y sus colegas, la relación positiva entre el estar casado y la salud está bastante bien establecida, y no por eso los médicos aconsejan a sus pacientes que se casen. Mezclar la medicina y la religión tiene sus riesgos, y la vía religiosa no parece la más racional para promover la salud, entre otras cosas porque el tiro puede salir por la culata si el paciente asume que la enfermedad se debe a su falta de fe religiosa. Es cierto que hay muchas cuestiones éticas y científicas que desenredar, pero la medicina americana se encargará sin duda de que la religión no decaiga en la literatura médica. Así que, como diría un líder americano para rematar su alocución: "Dios bendiga América".
http://www.jano.es/jano/ctl_servlet?_f=82&iditem=478
Para contextualizar esta religiosidad del médico americano, hay que decir que está totalmente en sintonía con el sentir de la población general de Estados Unidos, el país que tiene más parroquias por habitante y mayor porcentaje de práctica religiosa del mundo (el 60% asiste semanalmente a los oficios y el 75% reza una o más veces al día). Como nos muestra otra reciente encuesta a 1000 adultos estadounidenses, el 79% cree que la fe puede ayudar a la gente a recuperarse de la enfermedad y el 63% opina que los médicos deben hablar con sus pacientes sobre cuestiones de fe. Pues bien, en este terreno tan religiosamente abonado, no es de extrañar que cada año se publiquen centenares de trabajos sobre la relación entre religión y salud (en MedLine hay recogidos más de 14.500 artículos con la entrada "religion", 600 de ellos en el último año). Muchos de estos artículos sugieren que existe una relación positiva entre religiosidad y salud, lo que aireado y voceado a los cuatro vientos por los medios de comunicación se traduce en el mensaje de que "la religión es buena para la salud". Hay incluso medios especializados en el tema: vean si no la versión electrónica de la revista Spirituality and Health, de cuya salud comercial nos da alguna pista el hecho de que la publique un ex editor del Harvard Business Review.
¿Pero qué hay de cierto sobre la supuesta relación entre salud y religión? A la luz de la evidencia médica, la que discrimina la verdad científica de las medias verdades, nada o casi nada. En la sección Viewpoint del número de mañana 20 de febrero de The Lancet se hace una interesante revisión de la evidencia empírica, además de discutir diversos aspectos éticos, en la que sus autores concluyen que "incluso en los mejores estudios, la evidencia de una asociación entre religión, espiritualidad y salud es débil e inconsistente". Richard P. Sloan y los demás autores (todos ellos de Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, en Nueva York) afirman que "muchos de los datos científicos que sustentan afirmaciones sobre salud y religión son más que cuestionables". En las varias docenas de trabajos con los que ilustran su revisión se identifican algunos defectos comunes, principalmente la realización del estudio con pocos sujetos y la falta de control de otros factores que pudieran influir en los resultados, como la edad, el estado general de salud y las conductas de salud. Otros estudios no aciertan a hacer los ajustes estadísticos apropiados o fallan a la hora de presentar los datos. Y, además, queda pendiente el problema de definir qué es eso de la religiosidad. Por todo ello los autores concluyen que "es prematuro promover la fe y la religión como tratamientos médicos complementarios", aunque reconocen que "a muchos las prácticas religiosas y espirituales les reconfortan en el trance de la enfermedad".
Pero es que, aun en el caso de que quedara demostrado que la salud se fortalece con la religiosidad, ¿tendrían los médicos que recetar oraciones, misas y otras prácticas religiosas a sus pacientes? Como argumentan Sloan y sus colegas, la relación positiva entre el estar casado y la salud está bastante bien establecida, y no por eso los médicos aconsejan a sus pacientes que se casen. Mezclar la medicina y la religión tiene sus riesgos, y la vía religiosa no parece la más racional para promover la salud, entre otras cosas porque el tiro puede salir por la culata si el paciente asume que la enfermedad se debe a su falta de fe religiosa. Es cierto que hay muchas cuestiones éticas y científicas que desenredar, pero la medicina americana se encargará sin duda de que la religión no decaiga en la literatura médica. Así que, como diría un líder americano para rematar su alocución: "Dios bendiga América".
http://www.jano.es/jano/ctl_servlet?_f=82&iditem=478
El honor de dios
Sabemos que el cardenal Rouco Varela no es partidario del divorcio y así nos lo dio a conocer a finales del año pasado, con gran aparato propagandístico y mediático, rodeado de sus pares y jaleado por sus fieles. Pero sabemos también que la excepción confirma la regla y que hubo un divorcio concreto que sin duda no le debió sentar tan mal. Me refiero al de la princesa Letizia (con z de Zapatero), gracias al cual pudo el clérigo oficiar con la pompa debida los esponsales del heredero de la Corona en una escena digna del mejor Anouilh, en la que el honor de dios y el del rey parecieron, por un momento, evidenciarse absolutamente unidos.
Viene esto a cuento de las reacciones públicas tras la reciente manifestación episcopal en defensa de la familia, que no fue tanto un acto religioso como político, en el que los discursos se impusieron a las plegarias, y los prelados, lejos de la cristiana costumbre de implorar por los que nos gobiernan, se dedicaron a acosarlos. A partir de ese día se ha organizado un pequeño guirigay en torno a las expresiones de la Iglesia sobre los asuntos de la política y las interferencias que el Estado padece por parte de los poderes fácticos, entre los que no es el menor el de la Conferencia Episcopal, aunque tampoco quizá tan grande como los obispos quisieran y los gobernantes temen.
Merece la pena insistir en lo que oí por la radio al vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha: los obispos y la Iglesia tienen todo el derecho a opinar de política, igual que cualquier ciudadano. Pues este es el punto: también los ciudadanos tenemos derecho a replicar a los obispos, sin ningún respeto diferencial hacia ellos más que el que se debe a todo individuo, pudiendo discrepar no sólo de sus opiniones políticas, sino polemizar también sobre sus recomendaciones morales y lucubraciones dogmáticas. Carecen por eso de fundamento las farisaicas quejas de algunos portavoces eclesiásticos por la supuesta campaña de descrédito organizada contra la Conferencia Episcopal tras la manifestación litúrgica.
En cambio, hay que agradecerle a Rouco y compañía que, al sacar las masas a la calle en defensa de su particular visión del mundo, hayan propiciado el debate que nuestra sociedad necesita sobre el papel de la religión en general, y de la Iglesia Católica en particular, en la convivencia española. Un debate que, en aras del consenso de la Transición y del respeto a valores que se pretendían intocables, se ha venido escamoteando a los españoles durante estas tres décadas de democracia.
Pero, como decía al principio, no se trata ahora de incoar un debate teológico sino de una disputa por definir quién manda. Durante siglos, la Iglesia se ha visto a sí misma como el aglutinante de España. Una estrecha alianza entre el trono y el altar permitió que la Monarquía católica liderara la unidad política del país por encima y al margen de las instituciones civiles y, con sus variantes históricas, dicha alianza se prolongó hasta el final de la dictadura franquista. A los jóvenes de hoy conviene recordarles, o enseñarles si es que no lo saben, que el consejo que asumió la regencia del Estado a la muerte de Franco estaba compuesto por tres miembros, un civil, un militar y un prelado.
La Iglesia ha ejercido de manera directa el poder temporal en este país hasta hace apenas tres décadas, permitiendo incluso a sus cardenales sentarse en las Cortes franquistas y sumarse al coro de los aplausos al dictador, a quien bendijeron como cabecilla de una auténtica cruzada de su fe. Ha disfrutado de prebendas, privilegios y prerrogativas como probablemente ninguna otra comunidad católica lo hizo durante el siglo XX en el mundo, desarrollando una actividad tan variopinta que le permitía lo mismo determinar la legislación con arreglo a sus conceptos morales que establecer el calendario de los días festivos. Esto se acabó con la democracia, pero no del todo. Precisamente porque, aunque la Constitución establece la no confesionalidad del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical se ha mantenido como martillo pilón.
Los sucesos de ahora guardan estrecha relación con la escalada del fanatismo religioso en todo el mundo y el mayor protagonismo de las organizaciones que lo sustentan. La presencia de Ratzinger en el solio de Roma ha consolidado las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución. Se aprecia por doquier un revisionismo de las doctrinas y comportamientos que emergieron en la década de los sesenta como consecuencia del Concilio Vaticano II.
Éste intentó definir la relación de la Iglesia con el mundo de su tiempo, dando así lugar a una "teología del mundo" en la que destacó por sus trabajos el español José María González Ruiz. En su famoso libro El cristianismo no es un humanismo, abordó la necesidad de un diálogo abierto con el ateísmo contemporáneo, singularmente el marxista, expresándose con palabras tan contundentes como éstas: "La Iglesia no ha recibido de Cristo una misión de producir técnicas políticas, sociales o culturales..., por eso no tiene por qué crear una política cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, un Estado cristiano, ni siquiera un partido cristiano". Para añadir: "... la Iglesia como tal es un ámbito puramente religioso y no debe contaminarse ni siquiera de la apariencia de poder civil".
Otro teólogo católico, Olegario González de Cardedal, en su obra El poder y la conciencia señala por su parte que "la moral civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el evangelio. Lo contrario supondría una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión" (el subrayado es mío). Opiniones como las citadas ponen de relieve que en el propio seno de la Iglesia existen voces cualificadas y discrepantes respecto a la condena del laicismo radical que el señor García Gasco hizo en la manifestación de Madrid.
El laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas.
En un mundo crecientemente globalizado y multicultural, donde tantas religiones sirven de excusa o aval para casi cualquier cosa, es preciso discutir con transparencia y honestidad las relaciones entre el poder político y las iglesias. Se trata de un debate pertinente y apasionante, que nos devuelve al escrutinio de la modernidad emanada de la Ilustración, defensora de la radical igualdad de los ciudadanos, y enfrentada ahora a sentimientos de identidad de todo tipo. A este respecto recordaba yo, en un reciente artículo para el semanario Expresso de Lisboa, el refrán de que en España siempre hay que ir detrás de los curas o con un palo o con una vela. Viene al pelo para coronar este artículo. Aunque, a fin de escapar de tan horrible dilema, los Gobiernos democráticos han preferido mostrar a los clérigos la zanahoria. Parece que el experimento no funciona.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/honor/dios/elpepiopi/20080109elpepiopi_11/Tes
Viene esto a cuento de las reacciones públicas tras la reciente manifestación episcopal en defensa de la familia, que no fue tanto un acto religioso como político, en el que los discursos se impusieron a las plegarias, y los prelados, lejos de la cristiana costumbre de implorar por los que nos gobiernan, se dedicaron a acosarlos. A partir de ese día se ha organizado un pequeño guirigay en torno a las expresiones de la Iglesia sobre los asuntos de la política y las interferencias que el Estado padece por parte de los poderes fácticos, entre los que no es el menor el de la Conferencia Episcopal, aunque tampoco quizá tan grande como los obispos quisieran y los gobernantes temen.
Merece la pena insistir en lo que oí por la radio al vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha: los obispos y la Iglesia tienen todo el derecho a opinar de política, igual que cualquier ciudadano. Pues este es el punto: también los ciudadanos tenemos derecho a replicar a los obispos, sin ningún respeto diferencial hacia ellos más que el que se debe a todo individuo, pudiendo discrepar no sólo de sus opiniones políticas, sino polemizar también sobre sus recomendaciones morales y lucubraciones dogmáticas. Carecen por eso de fundamento las farisaicas quejas de algunos portavoces eclesiásticos por la supuesta campaña de descrédito organizada contra la Conferencia Episcopal tras la manifestación litúrgica.
En cambio, hay que agradecerle a Rouco y compañía que, al sacar las masas a la calle en defensa de su particular visión del mundo, hayan propiciado el debate que nuestra sociedad necesita sobre el papel de la religión en general, y de la Iglesia Católica en particular, en la convivencia española. Un debate que, en aras del consenso de la Transición y del respeto a valores que se pretendían intocables, se ha venido escamoteando a los españoles durante estas tres décadas de democracia.
Pero, como decía al principio, no se trata ahora de incoar un debate teológico sino de una disputa por definir quién manda. Durante siglos, la Iglesia se ha visto a sí misma como el aglutinante de España. Una estrecha alianza entre el trono y el altar permitió que la Monarquía católica liderara la unidad política del país por encima y al margen de las instituciones civiles y, con sus variantes históricas, dicha alianza se prolongó hasta el final de la dictadura franquista. A los jóvenes de hoy conviene recordarles, o enseñarles si es que no lo saben, que el consejo que asumió la regencia del Estado a la muerte de Franco estaba compuesto por tres miembros, un civil, un militar y un prelado.
La Iglesia ha ejercido de manera directa el poder temporal en este país hasta hace apenas tres décadas, permitiendo incluso a sus cardenales sentarse en las Cortes franquistas y sumarse al coro de los aplausos al dictador, a quien bendijeron como cabecilla de una auténtica cruzada de su fe. Ha disfrutado de prebendas, privilegios y prerrogativas como probablemente ninguna otra comunidad católica lo hizo durante el siglo XX en el mundo, desarrollando una actividad tan variopinta que le permitía lo mismo determinar la legislación con arreglo a sus conceptos morales que establecer el calendario de los días festivos. Esto se acabó con la democracia, pero no del todo. Precisamente porque, aunque la Constitución establece la no confesionalidad del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical se ha mantenido como martillo pilón.
Los sucesos de ahora guardan estrecha relación con la escalada del fanatismo religioso en todo el mundo y el mayor protagonismo de las organizaciones que lo sustentan. La presencia de Ratzinger en el solio de Roma ha consolidado las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución. Se aprecia por doquier un revisionismo de las doctrinas y comportamientos que emergieron en la década de los sesenta como consecuencia del Concilio Vaticano II.
Éste intentó definir la relación de la Iglesia con el mundo de su tiempo, dando así lugar a una "teología del mundo" en la que destacó por sus trabajos el español José María González Ruiz. En su famoso libro El cristianismo no es un humanismo, abordó la necesidad de un diálogo abierto con el ateísmo contemporáneo, singularmente el marxista, expresándose con palabras tan contundentes como éstas: "La Iglesia no ha recibido de Cristo una misión de producir técnicas políticas, sociales o culturales..., por eso no tiene por qué crear una política cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, un Estado cristiano, ni siquiera un partido cristiano". Para añadir: "... la Iglesia como tal es un ámbito puramente religioso y no debe contaminarse ni siquiera de la apariencia de poder civil".
Otro teólogo católico, Olegario González de Cardedal, en su obra El poder y la conciencia señala por su parte que "la moral civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el evangelio. Lo contrario supondría una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión" (el subrayado es mío). Opiniones como las citadas ponen de relieve que en el propio seno de la Iglesia existen voces cualificadas y discrepantes respecto a la condena del laicismo radical que el señor García Gasco hizo en la manifestación de Madrid.
El laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas.
En un mundo crecientemente globalizado y multicultural, donde tantas religiones sirven de excusa o aval para casi cualquier cosa, es preciso discutir con transparencia y honestidad las relaciones entre el poder político y las iglesias. Se trata de un debate pertinente y apasionante, que nos devuelve al escrutinio de la modernidad emanada de la Ilustración, defensora de la radical igualdad de los ciudadanos, y enfrentada ahora a sentimientos de identidad de todo tipo. A este respecto recordaba yo, en un reciente artículo para el semanario Expresso de Lisboa, el refrán de que en España siempre hay que ir detrás de los curas o con un palo o con una vela. Viene al pelo para coronar este artículo. Aunque, a fin de escapar de tan horrible dilema, los Gobiernos democráticos han preferido mostrar a los clérigos la zanahoria. Parece que el experimento no funciona.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/honor/dios/elpepiopi/20080109elpepiopi_11/Tes
¡Denunciad el concordato con la Santa Sede!
Es un acuerdo con un Estado que discrimina por razón de sexo, religión y opción sexual
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
Durante años habían intercambiado miradas de soslayo, dobles sentidos y sonrisas cómplices. Finalmente, para fingir constitucionalidad, firmaron, en enero de 1979, algo negociado en periodo preconstitucional: el concordato con la “Santa Sede”. Las partes negociadoras, Estado Vaticano y “asociación nacional de propagandistas católicos”, brindaron con moscatel mientras no podían disimular su euforia. “Buen trabajo”, susurraban entre sí.
Seamos serios… ¿Podríamos aceptar un tratado con Marruecos negociado entre Mohamed VI y la “asociación española de Imanes y propagandistas del Islám” que nos vinculara como nación? Pues algo similar sucedió, en aquellas fechas, entre España y la “santa sede”.
Al estilo del concordato franquista
Calcado del anterior concordato franquista de los años cincuenta, este tratado internacional con la Iglesia fue guisado, condimentado y servido desde el Vaticano. En ningún momento fue negociado por representantes legítimos de la soberanía popular española. Por ello, la iglesia navega plácidamente entre las cenagosas aguas de su articulado y nunca podrá modificarse con su acuerdo.
Cambio de circunstancias
Para evitar estas situaciones leoninas y de inmovilismo pétreo, el Derecho internacional se vale del principio rebus sic stantibus. Este latinajo alude a la denuncia unilateral de un tratado internacional debido al “cambio fundamental de las circunstancias”. Y esto es algo que ni los más fanáticos pueden negar. La sociedad española de los años setenta en poco se asemeja a la actual. La nación española no puede permanecer vinculada al Estado Vaticano en virtud de un tratado obsoleto. El concordato, ante todo, es un contrato y todos los contratos, con el tiempo, se revisan y se extinguen. El inexorable transcurso de los años genera nuevas situaciones y modifica las anteriores.
La mujer, marginada
No olvidemos que hablamos de un tratado internacional suscrito con un Estado en donde no existe la democracia y se margina a las mujeres de los órganos de gobierno así como a los miembros de otras confesiones religiosas. Un Estado que no elige a sus representantes por procedimientos democráticos y que discrimina a sus ciudadanos por razón de sexo, religión y opción sexual. Y resulta preferible no extenderse en otras lamentables posiciones que ocasionan graves daños a la humanidad como la mantenida respecto al SIDA y los preservativos.
Inconstitucionalidad
Por otra parte, la aplicación del concordato resulta inconstitucional en no pocos casos. Pensemos en el art 16 (derecho a no tener que declarar el credo ni ideología religiosa) ni ser discriminados por esos motivos (art. 14). Y qué decir de la auténtica crónica de la infamia que padecen los profesores de religión que son despojados de su medio de vida por su estado civil, sus amistades o “por cualquier otra condición personal o social”. A su vez, estos profesores de religión son contratados por los obispos sin que exista ninguna prueba que respete los principios constitucionales de mérito y capacidad (art 103,1 CE), despedidos injustamente en múltiples casos y con la indemnización, eso sí, a cargo de los contribuyentes.
Incompatible con la España actual
Esta situación, evidentemente, es impresentable en un Estado democrático como la España actual. Por otra parte, nuestra Constitución en su artículo 95 establece: “la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. De manera que no nos queda más camino que reformar la Constitución Española en aquellos artículos que colisionen con el concordato (arts. 14, 16, 103,1…) o proceder a la denuncia de ese convenio.
Democracia frente a teocracia
Por higiene democrática, este gobierno debe afrontar, tras el 9-M, la denuncia del concordato. Con arrojo, sin complejos, investido de la legitimidad que brota de las urnas. Por supuesto que la iglesia romana se retorcerá y propinará sus habituales golpes bajos. Será un proceso duro y difícil. Pero no hay que responderles de la misma manera. En el trato de los Estados democráticos con los que no lo son, no caben atajos. Sólo vale la firmeza y la legalidad de la democracia frente a la “teocracia” (ya sea mirando a Roma o la Meca).
Por ello, tras el 9-M… ¡denunciad el concordato con la “Santa Sede”!
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
El plural
14/01/2008
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
Durante años habían intercambiado miradas de soslayo, dobles sentidos y sonrisas cómplices. Finalmente, para fingir constitucionalidad, firmaron, en enero de 1979, algo negociado en periodo preconstitucional: el concordato con la “Santa Sede”. Las partes negociadoras, Estado Vaticano y “asociación nacional de propagandistas católicos”, brindaron con moscatel mientras no podían disimular su euforia. “Buen trabajo”, susurraban entre sí.
Seamos serios… ¿Podríamos aceptar un tratado con Marruecos negociado entre Mohamed VI y la “asociación española de Imanes y propagandistas del Islám” que nos vinculara como nación? Pues algo similar sucedió, en aquellas fechas, entre España y la “santa sede”.
Al estilo del concordato franquista
Calcado del anterior concordato franquista de los años cincuenta, este tratado internacional con la Iglesia fue guisado, condimentado y servido desde el Vaticano. En ningún momento fue negociado por representantes legítimos de la soberanía popular española. Por ello, la iglesia navega plácidamente entre las cenagosas aguas de su articulado y nunca podrá modificarse con su acuerdo.
Cambio de circunstancias
Para evitar estas situaciones leoninas y de inmovilismo pétreo, el Derecho internacional se vale del principio rebus sic stantibus. Este latinajo alude a la denuncia unilateral de un tratado internacional debido al “cambio fundamental de las circunstancias”. Y esto es algo que ni los más fanáticos pueden negar. La sociedad española de los años setenta en poco se asemeja a la actual. La nación española no puede permanecer vinculada al Estado Vaticano en virtud de un tratado obsoleto. El concordato, ante todo, es un contrato y todos los contratos, con el tiempo, se revisan y se extinguen. El inexorable transcurso de los años genera nuevas situaciones y modifica las anteriores.
La mujer, marginada
No olvidemos que hablamos de un tratado internacional suscrito con un Estado en donde no existe la democracia y se margina a las mujeres de los órganos de gobierno así como a los miembros de otras confesiones religiosas. Un Estado que no elige a sus representantes por procedimientos democráticos y que discrimina a sus ciudadanos por razón de sexo, religión y opción sexual. Y resulta preferible no extenderse en otras lamentables posiciones que ocasionan graves daños a la humanidad como la mantenida respecto al SIDA y los preservativos.
Inconstitucionalidad
Por otra parte, la aplicación del concordato resulta inconstitucional en no pocos casos. Pensemos en el art 16 (derecho a no tener que declarar el credo ni ideología religiosa) ni ser discriminados por esos motivos (art. 14). Y qué decir de la auténtica crónica de la infamia que padecen los profesores de religión que son despojados de su medio de vida por su estado civil, sus amistades o “por cualquier otra condición personal o social”. A su vez, estos profesores de religión son contratados por los obispos sin que exista ninguna prueba que respete los principios constitucionales de mérito y capacidad (art 103,1 CE), despedidos injustamente en múltiples casos y con la indemnización, eso sí, a cargo de los contribuyentes.
Incompatible con la España actual
Esta situación, evidentemente, es impresentable en un Estado democrático como la España actual. Por otra parte, nuestra Constitución en su artículo 95 establece: “la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. De manera que no nos queda más camino que reformar la Constitución Española en aquellos artículos que colisionen con el concordato (arts. 14, 16, 103,1…) o proceder a la denuncia de ese convenio.
Democracia frente a teocracia
Por higiene democrática, este gobierno debe afrontar, tras el 9-M, la denuncia del concordato. Con arrojo, sin complejos, investido de la legitimidad que brota de las urnas. Por supuesto que la iglesia romana se retorcerá y propinará sus habituales golpes bajos. Será un proceso duro y difícil. Pero no hay que responderles de la misma manera. En el trato de los Estados democráticos con los que no lo son, no caben atajos. Sólo vale la firmeza y la legalidad de la democracia frente a la “teocracia” (ya sea mirando a Roma o la Meca).
Por ello, tras el 9-M… ¡denunciad el concordato con la “Santa Sede”!
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
El plural
14/01/2008
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