Juan Francisco Martín Seco
Al remilgado y flamante obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, que, según dicen, es jesuita pero más parece legionario de Cristo o miembro del Opus Dei, le ha correspondido llevar la voz cantante en el nuevo arrebato episcopal, e insiste en que el laicismo amenaza la democracia. Para mí que el ambicioso prelado debe de saber mucho de Teología dogmática, pero poco de Historia. La democracia tan sólo fue posible cuando el hombre, abandonando la concepción teocrática de la Edad Media, se decidió a tomar en sus manos su propio destino y desacralizó la vida pública, desligándose de todo yugo que no fuese la voluntad de la mayoría, siempre, eso sí, con respeto a la minoría.
La democracia parte de principios muy diferentes a los de una confesión o secta religiosa. Éstas se basan en el dogma y en la organización autocrática, lo que es incompatible con los fundamentos democráticos. Política y religión tienen su propio campo y autonomía. Lo peligroso comienza cuando se confunden y cada una de ellas pretende invadir el espacio de la otra; cuando la confesión religiosa se aleja del ámbito de la voluntariedad y pretende imponer coactivamente mediante las leyes y a través del poder político su credo y moral, o cuando los poderes públicos, transcendiendo lo funcional y pragmático, pretenden introducir como dogma una determinada concepción de la vida.
Los obispos, en el manifiesto electoral con el que nos han obsequiado en estos últimos días, piden libertad y respeto para proponer su manera de ver las cosas sin que nadie se sienta amenazado. Libertad creo yo que tienen en abundancia, nadie les coacciona ni les impide que hablen y que aconsejen a sus fieles. Es más, gozan de todo tipo de privilegios. Pero no están conformes, no les basta, quieren hablar en las escuelas públicas, desean que se imparta la religión como asignatura, y el Estado consiente. Pero aspiran a más, que el Estado con dinero público financie tales clases, y el Estado las financia. Así y todo no les basta porque ambicionan que esta asignatura compute a la hora de la calificación escolar, y pretenden además dictaminar lo que deben hacer aquellos alumnos que no desean recibir la clase de religión en el tiempo destinado a esa materia.
Afirman los prelados que nadie debe sentirse amenazado por sus enseñanzas, y efectivamente nadie debería sentirse amenazado si se tratara únicamente de enseñanzas, pero el problema es que ellos no se conforman con aconsejar o incluso ordenar a sus feligreses, quieren imponer su moral y su dogma mediante leyes civiles coactivas. Y aquí sí que muchos pueden sentirse amenazados. Nadie impide a lo obispos que legislen y determinen cómo debe ser el matrimonio canónico, el problema es que quieren decidir también la configuración del matrimonio civil, matrimonio, por cierto, que ellos no aceptan y consideran un concubinato.
Nada hay que se oponga a que los obispos exijan a sus fieles homosexuales la abstinencia. Allá ellos si les hacen caso. El problema es que intenten que el poder político les secunde e impida casarse a todos ellos, católicos y no católicos. ¿Cómo no van a sentirse amenazados? Los jerarcas eclesiales tienen plena autonomía y libertad para aconsejar, ordenar y mandar a sus feligreses que permanezcan unidos en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Allá quien no vea en esta actitud un profundo cinismo, cuando La Rota, por dinero o por influencias, declara la nulidad de los matrimonios que le interesan, buena prueba de ello la tenemos con el de la actual princesa de Asturias. Son ellos, no obstante, los que atentan contra la libertad de los demás cuando exigen que las leyes civiles no acepten el divorcio. ¿Cómo no va a haber muchos ciudadanos que se sientan amenazados?
Los obispos son muy libres de ordenar a los católicos que crezcan y se multipliquen. Pueden amenazar con todas las penas del infierno a aquellos matrimonios que utilicen medios anticonceptivos, lo que no es lícito es que pretendan que el Estado proscriba su uso. ¿Cómo no van a sentirse amenazados infinidad de ciudadanos? Los príncipes de la Iglesia tienen todo el derecho a morir como deseen y a sufrir lo que les apetezca, pero carecen de legitimidad para negarme la facultad de elegir mi propia muerte. Mi vida y mi dolor son míos y no del Estado ni de los señores obispos. ¿Cómo no voy a sentirme amenazado?
El manifiesto electoral de la jerarquía católica afirma que no todos los programas son compatibles con la fe y las exigencias cristianas. Yo creo que sí, que en democracia lo son todos. Porque no hay ninguno que obligue a nadie a casarse ni a divorciarse ni a usar anticonceptivos ni a practicar la eutanasia ni a nada por el estilo. Pero tampoco en democracia debería haber ninguna formación política —y malo será para el PP si lo hace— que llevara en su programa el compromiso de imponer como leyes civiles los imperativos morales de una formación religiosa, tal situación sólo es posible en una dictadura. Tal vez sea de eso de lo que tienen nostalgia los señores obispos.
www.telefonica.net/web2/martin-seco
http://www.estrelladigital.es/diario/articulo.asp?sec=opi&fech=09/02/2008&name=martinseco
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